El llamado "derecho al olvido" es una peligrosa combinación de privacidad individual y supresión de la verdad. En esencia, intenta otorgar a los individuos un poder que no existe ni puede existir: la capacidad de borrar la realidad. Los hechos, una vez que son ciertos, siguen siendo ciertos. Legislar de otra manera es consagrar la falsedad de que el pasado de uno puede reescribirse para adaptarse a los deseos de uno presente. Semejante concepto no es la defensa de los derechos, sino su traición.
La esencia de la libertad individual es el derecho a actuar y a ser juzgado por las consecuencias de esas acciones. Esto no da derecho a nadie a exigir que los demás olviden lo que han visto, oído o experimentado. El "derecho al olvido" impone una inversión moral y legal: obliga a los demás a alterar su memoria, sus registros y su historia para dar cabida a una visión revisionista del pasado. Esto no es justicia; es coerción, y socava la integridad de cualquier sistema legal que pretenda respetar los derechos individuales.
El enfoque adecuado para la privacidad es garantizar que las personas estén a salvo de intrusiones injustas de terceros, en particular del Estado. Esto incluye protecciones contra la vigilancia injustificada, las violaciones de datos y el uso indebido de la información obtenida sin consentimiento. Pero el derecho a la privacidad no se extiende a censurar la verdad u obligar a otros a alterar el registro fáctico. En el momento en que un individuo se relaciona voluntariamente con la sociedad, ya sea a través del comercio, el discurso público o cualquier otra forma de interacción, coloca una parte de sí mismo en la esfera pública. Intentar recuperar esta información por ley es una afrenta a la libertad, tanto de la persona que busca borrar su pasado como de quienes tienen la tarea de preservarlo.
El contenido de cualquier derecho relacionado con la privacidad debe limitarse estrictamente a lo que se puede proteger razonablemente sin infringir los derechos de los demás. Por ejemplo, existe una reivindicación válida para exigir el consentimiento para el uso de datos personales recopilados en contextos privados. Sin embargo, incluso en este caso, la ley debe evitar el paternalismo: las personas deben asumir la responsabilidad de sus elecciones, incluidos los contratos que celebran y la información que comparten.
La responsabilidad de implementar tales leyes recae en un sistema judicial comprometido a proteger los derechos, no a crearlos. Un tribunal debe defender la privacidad solo cuando no entre en conflicto con la verdad o la libertad de los demás. Cualquier intento de legislar un "derecho al olvido" general debe fracasar por estos motivos: viola el principio de la ley objetiva al reemplazar la justicia por el capricho.
En última instancia, el derecho a la privacidad, correctamente entendido, es un escudo, no una espada. Protege a las personas del daño; no les da el poder de reescribir el pasado. Una sociedad que valora la libertad no puede permitirse el lujo de elevar el deseo subjetivo de "olvidar" por encima de la necesidad objetiva de la verdad. Hacerlo es sacrificar el fundamento racional de los derechos en el altar de la evasión.
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S. Tominaga AKA CSW
24 de noviembre de 2024
https://x.com/CsTominaga/status/1860590344116801704
https://t.me/S_Tominaga/2143
La esencia de la libertad individual es el derecho a actuar y a ser juzgado por las consecuencias de esas acciones. Esto no da derecho a nadie a exigir que los demás olviden lo que han visto, oído o experimentado. El "derecho al olvido" impone una inversión moral y legal: obliga a los demás a alterar su memoria, sus registros y su historia para dar cabida a una visión revisionista del pasado. Esto no es justicia; es coerción, y socava la integridad de cualquier sistema legal que pretenda respetar los derechos individuales.
El enfoque adecuado para la privacidad es garantizar que las personas estén a salvo de intrusiones injustas de terceros, en particular del Estado. Esto incluye protecciones contra la vigilancia injustificada, las violaciones de datos y el uso indebido de la información obtenida sin consentimiento. Pero el derecho a la privacidad no se extiende a censurar la verdad u obligar a otros a alterar el registro fáctico. En el momento en que un individuo se relaciona voluntariamente con la sociedad, ya sea a través del comercio, el discurso público o cualquier otra forma de interacción, coloca una parte de sí mismo en la esfera pública. Intentar recuperar esta información por ley es una afrenta a la libertad, tanto de la persona que busca borrar su pasado como de quienes tienen la tarea de preservarlo.
El contenido de cualquier derecho relacionado con la privacidad debe limitarse estrictamente a lo que se puede proteger razonablemente sin infringir los derechos de los demás. Por ejemplo, existe una reivindicación válida para exigir el consentimiento para el uso de datos personales recopilados en contextos privados. Sin embargo, incluso en este caso, la ley debe evitar el paternalismo: las personas deben asumir la responsabilidad de sus elecciones, incluidos los contratos que celebran y la información que comparten.
La responsabilidad de implementar tales leyes recae en un sistema judicial comprometido a proteger los derechos, no a crearlos. Un tribunal debe defender la privacidad solo cuando no entre en conflicto con la verdad o la libertad de los demás. Cualquier intento de legislar un "derecho al olvido" general debe fracasar por estos motivos: viola el principio de la ley objetiva al reemplazar la justicia por el capricho.
En última instancia, el derecho a la privacidad, correctamente entendido, es un escudo, no una espada. Protege a las personas del daño; no les da el poder de reescribir el pasado. Una sociedad que valora la libertad no puede permitirse el lujo de elevar el deseo subjetivo de "olvidar" por encima de la necesidad objetiva de la verdad. Hacerlo es sacrificar el fundamento racional de los derechos en el altar de la evasión.
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24 de noviembre de 2024
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