Noticias #eXplora Lo que conocemos como la conquista del salvaje Oeste, convertida en un mito gracias a los famosos wésterns de mediados del siglo XX, fue en realidad una gran migración humana motivada por la necesidad, en la que los pioneros se enfrentaron a innumerables peligros desconocidos y recorrieron unas distancias casi imposibles para la época con el fin de aprovecharse de una tierra prometida. Alrededor de 200 años después, la Luna y otros cuerpos planetarios pueden convertirse en el destino de una nueva epopeya en busca de recursos. No hay praderas infinitas ni fértiles campos de cultivo, pero sí agua helada en la superficie de sus polos, y mucha, según ha confirmado la NASA esta misma semana, recursos minerales o helio-3, un isótopo ligero que se podría utilizar como fuente de energía de fusión. Además, nuestro satélite resultaría un laboratorio inigualable y la puerta de entrada a Marte y otros mundos. Pero si en el antiguo Oeste quien llegaba con su carromato se quedaba con la parcela (al menos, esa es la leyenda), en la Luna las cosas no están tan claras. ¿A quién pertenece? ¿Quién puede explotarla? ¿Cómo se sancionan las infracciones? Todas esas preguntas se resumen en una: ¿Quién manda ahí arriba? Si la primera carrera espacial estuvo protagonizada por dos superpotencias rivales -EE.UU. y la antigua Unión Soviética-, ahora son muchos los que quieren su parte del pastel selenita. La agencia espacial estadounidense presume de un ambicioso programa bautizado como Artemis, que incluye la llegada de una mujer en 2024 y una base permanente alrededor de 2030. Su objetivo es precisamente el polo sur lunar, en busca de esa agua que podría sostener a los futuros colonos, dándoles de beber o combustible. China también ha mostrado interés. Ya ha colocado dos vehículos en la Luna, y prevé el retorno de muestras con las misiones Chang’e 5 y 6 y más exploraciones para construir su propia base con Chang’e 7 y 8. Israel, con una iniciativa privada, y la India, con Chandrayaan-2 y la sonda Vikram, fracasaron en sus intentos. Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) anunciaba hace tan solo unos días un acuerdo con la NASA para contribuir en la puesta en marcha del primer asentamiento humano en órbita lunar, conocido como Gateway. Además, las empresas Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, y SpaceX, del también multimillonario Elon Musk, trabajan en misiones tripuladas. Otras como OrbitBeyond o Astrobotic colaborarán con la NASA en el envío de instrumentos científicos y tecnología. Todos estos nuevos actores se rigen principalmente por el Tratado del Espacio Exterior (OST, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1967 y ha sido ratificado por 103 estados. Esta ley internacional dice que los objetos celestes no pueden ser reclamados por ningún país o individuo. Solo podrán desarrollarse actividades pacíficas y los gobiernos de cada estado serán responsables de las actividades de sus compañías. Igualmente, aunque no menciona a los particulares, estos tampoco podrían tener «propiedades» en otros mundos, ya que este derecho es respaldado por los estados. De esta forma, se entiende que el espacio exterior y los cuerpos más allá de nuestro planeta son propiedad conjunta de toda la humanidad. Y si no son de nadie en concreto, tampoco pueden venderse. El Acuerdo de la Luna de 1979 fue aún más lejos e intentó evitar la explotación comercial de los recursos del espacio exterior, pero solo un pequeño número de estados lo ratificaron. Estados Unidos, China y Rusia se quedaron al margen. En concreto, EE.UU. ha dado muestras inequívocas de querer hacer las cosas a su manera. En 2015, el Congreso estadounidense, con Barack Obama a la cabeza, otorgó a sus empresas el polémico derecho a quedarse con la propiedad de los materiales que obtengan en la Luna o en cualquier otro mundo. Una ley ventajosa y unilateral que ha sido respaldada por el actual presidente, Donald Trump. «Al no ratificar el Acuerdo de la Luna, por considerarlo contrario…