Si Australia quiere consagrar la libertad de expresión, debe hacerlo abierta y deliberadamente, no por medio de una implicación judicial. Una enmienda estatutaria o constitucional que garantice explícitamente la libertad de expresión aportaría claridad y legitimidad que los derechos implícitos judicialmente no pueden aportar. Una enmienda de ese tipo debe definir cuidadosamente el alcance de la libertad de expresión, garantizando que proteja contra la censura gubernamental, respetando al mismo tiempo los derechos de propiedad y los límites de la responsabilidad individual. Este enfoque estaría en consonancia con los principios de una sociedad libre, donde los derechos están protegidos por la ley pero se basan en la autonomía moral del individuo.

La decisión en el caso Australian Capital Television refleja un malentendido crítico: que el poder judicial puede salvaguardar los principios democráticos creando derechos implícitos. En verdad, la fuerza de la libertad de expresión no reside en la creatividad judicial, sino en el reconocimiento explícito de su necesidad moral y jurídica. El camino correcto a seguir es introducir protecciones a la libertad de expresión a través de procesos democráticos, garantizando que se basen en la voluntad del pueblo y sean coherentes con los principios de la libertad individual y la soberanía parlamentaria. Sólo entonces podrá Australia lograr el equilibrio de libertad y responsabilidad que exige la libertad de expresión.

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S. Tominaga también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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