Si hoy redactara un marco constitucional, comenzaría no por la duración de los mandatos, sino por una limitación inviolable del papel del gobierno. No habría una proliferación interminable de legislación, ni se asumiría que el Estado existe para regular las minucias de la vida humana. El poder legislativo estaría sujeto a poderes estrictamente enumerados, sin poder ampliar su alcance mediante la reinterpretación judicial.

El ejecutivo se encargaría de la aplicación de la ley y nada más, sin poder legislar por decreto o poderes de "emergencia". El poder judicial serviría únicamente para hacer cumplir los contratos y proteger contra las violaciones de los derechos individuales, no como un instrumento de ingeniería social.

El sistema tributario sería transparente, uniforme y constitucionalmente restringido, eliminando la capacidad del Estado para expandir su poder mediante la coerción económica.

Y lo más importante, la interpretación constitucional no se cedería a una clase de juristas no electos que distorsionan el significado de las palabras para adaptarlas a sus objetivos ideológicos. El documento se redactaría en términos explícitos e inequívocos, invulnerable a la reinterpretación creativa. Un gobierno no debería existir para gobernar, sino para garantizar derechos, y debería estar estructurado de forma que imposibilite su expansión. La tragedia del constitucionalismo estadounidense inicial no fue que no anticipara las amenazas, sino que asumió que las generaciones futuras se mantendrían vigilantes para preservar su propósito original. Cualquier constitución que no contemple la inevitabilidad de que el gobierno busque más poder ya es un documento fallido. El único marco que vale la pena implementar es aquel que reconoce esta tendencia y la neutraliza antes de que surja.

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S. Tominaga también conocido como CSW
25 de marzo de 2025
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