La decisión del Tribunal Supremo en el caso Australian Capital Television v Commonwealth (1992) 177 CLR 106 marca un momento significativo, aunque preocupante, en el derecho constitucional australiano. Al inferir una libertad implícita de comunicación política del marco constitucional, el Tribunal trató de salvaguardar un principio vital para la democracia representativa. Sin embargo, este razonamiento, aunque bien intencionado, se aventura peligrosamente cerca del activismo judicial, creando derechos que no están previstos explícitamente en el texto. Este enfoque socava el estado de derecho y la soberanía parlamentaria, dejando al poder judicial como árbitro de la evolución de los valores sociales, un papel para el que nunca fue diseñado.

Para entender adecuadamente las fallas en el razonamiento del Tribunal, debemos abordar la naturaleza de la libertad de expresión en sí. La libertad de expresión no es meramente una conveniencia legal o un derecho instrumental para promover la democracia; es un principio fundamental arraigado en la naturaleza de la razón humana y los derechos individuales. La capacidad de pensar, hablar y comunicarse libremente es esencial para el progreso humano, permitiendo a los individuos actuar según su juicio racional. Las reflexiones de Ayn Rand subrayan esta verdad: la libertad de expresión no es un privilegio concedido por los gobiernos, sino un imperativo moral que surge de las exigencias de la supervivencia y el florecimiento humanos.

La libertad de expresión, correctamente entendida, debe ser protegida como un derecho político que restringe la interferencia del gobierno en la expresión. Sin embargo, también debe estar vinculada a los derechos de propiedad, ya que la expresión requiere un medio, ya sea a través de la propia plataforma o de asociaciones voluntarias. Esta distinción es fundamental porque refuerza la idea de que la libertad de expresión no incluye un derecho a los recursos de otro, sino únicamente la libertad de hablar sin coerción. En este contexto, el intento de la Corte de implicar una libertad de comunicación política mediante la interpretación constitucional introduce ambigüedades que amenazan con diluir este principio esencial.

La decisión de la Corte Suprema confunde la existencia necesaria de la comunicación política con un mandato judicial para protegerla. Si bien la comunicación política es indispensable para el proceso democrático, la Constitución no garantiza explícitamente esa libertad. Al inferirla, la Corte no solo amplía los límites de su autoridad interpretativa, sino que también corre el riesgo de crear un derecho que puede ser redefinido y ampliado por el activismo judicial futuro. Esto socava el principio de que las leyes deben ser creadas por los representantes electos del pueblo, no por jueces no electos.

Además, la libertad implícita de comunicación política, tal como la define la Corte, es inherentemente limitada e incompleta. No es un verdadero derecho a la libertad de expresión, sino una protección limitada contra la interferencia legislativa y ejecutiva en ciertos contextos políticos. Esta limitación introduce incertidumbre e invita a litigios sobre el alcance de la libertad implícita, cargando a los tribunales con cuestiones que se resuelven mejor mediante un debate democrático.

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S. Tominaga, también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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