El llamado "derecho al olvido" abre una peligrosa vía de evasión moral, que alienta a las personas a eludir la responsabilidad de sus acciones. Al permitir que las personas borren sus fechorías de la memoria pública, se elimina la consecuencia natural de la rendición de cuentas: el juicio de los pares basado en la verdad. Esto crea un riesgo moral, fomentando una cultura en la que las personas se envalentonan para actuar de maneras que de otro modo no harían, sabiendo que más tarde pueden exigir que la sociedad olvide sus transgresiones.

Cuando la historia puede reescribirse para adaptarse a la conveniencia personal, los incentivos para actuar éticamente y con integridad disminuyen. ¿Qué necesidad hay de sopesar las consecuencias de las propias acciones si esas consecuencias pueden simplemente borrarse? El resultado es una sociedad plagada de engaños, fraudes y manipulación. Un empresario que puede exigir el borrado de los registros de quiebra puede volver a defraudar a los acreedores. Un funcionario público que puede ocultar su historial de corrupción encontrará menos barreras para continuar con sus planes. Incluso en las relaciones personales, la capacidad de borrar selectivamente las indiscreciones del pasado fomenta una base de desconfianza, en la que la verdad en sí misma ya no es una certeza.

Esta erosión de la rendición de cuentas no sólo crea oportunidades para el fraude, sino que lo recompensa activamente. Las personas que más probablemente invoquen el "derecho al olvido" son a menudo las que más tienen que ocultar. Las personas honestas no tienen necesidad de borrar su pasado; sus acciones hablan por sí solas. Pero los deshonestos, los hipócritas y los corruptos se apoderarán de este mecanismo legal como herramienta de evasión. Lo utilizarán para silenciar las críticas, suprimir pruebas y blanquear su reputación, todo a expensas de la verdad y la justicia.

El costo social de este principio es asombroso. Las instituciones que dependen de la transparencia (tribunales, mercados, periodismo) se ven socavadas cuando la verdad puede borrarse a voluntad. El fraude prolifera en un sistema en el que los registros no son inmutables, en el que la memoria de la sociedad puede manipularse mediante decretos legales. La ley se convierte en cómplice del engaño, en lugar de defensora de la integridad.

Además, este principio tiene un profundo costo psicológico y cultural. Cuando se anima a las personas a borrar su pasado, pierden la oportunidad de crecer y redimirse. Los errores, los fracasos e incluso las malas acciones son parte de la experiencia humana; son el crisol a través del cual se forja el carácter. Al borrar estos hechos, las personas se niegan a sí mismas la oportunidad de enfrentar sus errores, aprender de ellos y reconstruir sus vidas sobre la base del respeto ganado. Una sociedad que permite esa evasión atrofia el desarrollo moral de su gente, priorizando la comodidad sobre el carácter.

El "derecho al olvido" no es sólo un concepto erróneo; es fundamentalmente peligroso. Socava la rendición de cuentas, fomenta el fraude y priva a las personas de la fuerza moral que surge de enfrentar su pasado. Su costo se paga no sólo en la deshonestidad que permite, sino en la erosión de la confianza y la integridad de las que depende cualquier sociedad libre y racional. La verdad no puede olvidarse, ni debe olvidarse. Una sociedad que valora la libertad, la justicia y el progreso debe aferrarse a este principio, sin importar las molestias que pueda causar.

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S. Tominaga, también conocido como CSW
24 de noviembre de 2024
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